La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico prohibió el discrimen por muchas razones, pero la protección a los trabajadores se supedita a la "batalla de la producción". En mis treinta años de experiencia en el mundo laboral y con una amplia exposición a los debates sobre el mundo del trabajo, planteo varias preguntas. ¿Por qué los derechos de los trabajadores se consideran opuestos al desarollo económico? ¿Qué motiva a los gobiernos sucesivos a manener la ilusión de que es imposible imponer responsabilidades a los patronos? La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico prohibió el discrimen por diversas razones, pero los derechos de los trabajadores están supeditados a la "batalla de la producción". Los remedios exclusivos en las situaciones en que la relación de trabajo causa daño inmediato al trabajador y que amenazan con anular su capacidad productiva—la jornada de trabajo excesiva, el despido y el accidente de trabajo -- son reliquias de fines del siglo diecinueve cuyos beneficios a los trabajadores han sido superados por los adelantos de las ciencias jurídicas y sociales. La razón de su continuación ha sido proteger al régimen industrial vigente contra reclamaciones por negligencia. En este ensayo estudio estos problemas a la luz de la historia de la legislación sobre el despido, la jornada de trabajo y los accidentes ocupacionales para encontrar la dinámica que representan.Demostraré que la clase trabajadora puertorriqueña se encuentra en un estado de indefensión frente a los intereses patronales, contrario a lo que prometía la Constitución. Al final, plantearé una alternativa viable que el propio Derecho puertorriqueño ofrece: las Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores.En cada uno de los ejemplos, examinaré los orígenes de las doctrinas y su adaptación en Puerto Rico, identificaré las tendencias en cuanto a la regulación en Puerto Rico, así como las razones para las mismas, sus efectos sobre la Constitución de Puerto Rico y el mandato que ésta contiene para la Legislatura. Una vez identificadas las políticas públicas, verificaré cómo las normas, según enmendadas, han promovido los discursos subyacentes. Examinaré el historial legislativo y social de las enmiendas. Esbozaré los puntos de vista divergentes que entraron en conflicto y las reacciones de los sectores ante la entrada en vigor de la Ley. Además, examinaré las normas vigentes en otros países y los Convenios de la OIT relevantes. Veremos que el mandato constitucional es de fortalecer estas doctrinas históricas e interpretarlas a favor de los intereses de los trabajadores, pero las leyes e interpretación vigentes han privilegiado los de los patronos sobre el bienestar de los trabajadores. Éstos sólo se han podido hacer sentir a través de protestas públicas. Sin embargo, no todo está perdido, si se toman los pasos correctos: existen alternativas, que sólo requieren la voluntad política de utilizar las herramientas que ofrece la legislación vigente.